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- Declaración Pública Aprajud sobre transcripción de sentencias
APRAJUD INFORMA : Declaración Pública sobre Modificación Art. 62 Acta 71-2016

 

Declaración Pública de APRAJUD sobre la Transcripción de Sentencias

 

Contradicción con normas legales y el principio de oralidad. Dificultades prácticas que acarrea esta nueva instrucción y propone suspenderla para evaluar impacto.

 

  La decisión adoptada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema con fecha 26 de marzo de 2018, relativo a modificar el artículo 62 del Auto Acordado contenido en el Acta 71-2016, dispone que funcionarios administrativos, dispuestos por la Administración de cada tribunal, deberán realizar la transcripción íntegra de todas las sentencias dictadas en audiencias por jueces de los Juzgados con materia de Familia, Laboral y Cobranza Laboral y Previsional dentro de tercer día de realizada, ha generado una importante preocupación a nivel de los Profesionales de la Administración de Justicia, que se pueden resumir en los siguientes puntos:

1.    A nuestro parecer se contradice la natural separación de funciones Jurisdiccionales y Administrativas, establecida en leyes y actas respecto a las Reformas Procesales del Poder Judicial, donde la confección de la sentencia es un acto jurisdiccional y por ende la responsabilidad de su confección material (sea dictada en audio o no)  es de los jueces, pero esta modificación radica la transcripción de ella en funcionarios administrativos y  no en el juez que la dicta, lo que representa un gran retroceso de todo lo avanzado hasta hoy en la implementación de la oralidad y su registro digital.

2.    La Unidad de Apoyo a la Ley de Tramitación Electrónica (LTE) en su propuesta al Pleno de la Corte Suprema  a nuestro juicio, no toma en consideración la sustitución que se hizo del articulo 384 en la Ley 20.886 de tramitación electrónica; ya que es ésta ley la que señala la obligación de llevar un “registro electrónico” de las sentencias definitivas que se dicten en los asuntos civiles, contenciosos o no contenciosos. También incluye las sentencias interlocutorias.

3.    No se visualiza el beneficio al servicio judicial o qué necesidad insatisfecha o problemática viene a solucionar lo propuesto por la Unidad de Apoyo a la LTE, porque hasta antes de este cambio los juzgados de familia y laborales  estaban transcribiendo solo las sentencias con recursos acogidos y en algunas jurisdicciones solo bastaba el audio, sin recibirse reclamos por ello. 

4.    La LTE reconoce lo preceptuado en el artículo 384 del Código Orgánico de Tribunales relativo a llevar un registro electrónico de las sentencias, pero a nuestro entender no estaría suficientemente cubierto los elementos necesarios para dar su debido cumplimiento. A saber, disponer modelos estandarizados de sentencias; dotación necesaria para asumir mayor carga de trabajo que se origina con la transcripción íntegra; y la correspondiente implementación y capacitación en software que permita una expedita transcripción sistémica de los audios de dichas sentencias.

5.    Entendemos que los tribunales no disponen de dotaciones suficientes y las holguras necesarias para poder absorber esta mayor carga de trabajo que representaría este nuevo requerimiento.

En atención a lo anteriormente expuesto, es de nuestro parecer solicitar a la Excma. Corte Suprema que suspenda la instrucción de la transcripción íntegra de sentencias dictadas al audio mientras la Corporación Administrativa del Poder Judicial no dé solución a los requisitos indicados en el punto cuatro de la presente declaración.

Santiago, 09 de abril 2018

 

DIRECTORIO NACIONAL  APRAJUD

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN  DEL PODER JUDICIAL

 

 

 

 

 

 

 
 
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