Jueves, 9 Octubre, 2025 08:30 AM
El miércoles 1 de octubre, los seis gremios de profesionales, jueces y jueza, junto a los y las trabajadoras del Poder Judicial le presentaron sus propuestas y críticas el Pleno de la Corte Suprema antes de su Jornada de Reflexión Anual
Patricio Aguilar Paulsen, como presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUD; a la Asociación Nacional de Magistrados y magistradas, ANMM; la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD; la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ANFUCAPJ; la Asociación de Consejeros Técnicos del Poder Judicial, ANCOT; y la Organización de Trabajadores Judiciales, OTJ, exponiendo ante los integrantes del máximo tribunal del país las necesidades, carencias y criterios gremiales de cara a la próxima jornada de reflexión de la Corte Suprema.
APRAJUD, con su presidente nacional, Patricio Aguilar expuso 12 puntos tales como:
• Remuneraciones
• Nivelación
• Incentivo al retiro
• Falta de profesionales en tribunales regionales
• Cargas de trabajo
• Clima laboral, entre otros
La idea es que las autoridades máximas del Poder Judicial tengan los lineamientos gremiales y corrijan muchas de las decisiones adoptadas sin consultar a los gremios en este poder del Estado.-
Seguimos trabajando por la defensa de los derechos laborales e intereses de nuestros asociados y asociadas en busca de mejorar día a día el servicio judicial en Chile. En las siguentes páginas, les entregados un detalle de lo planteado al Pleno de la Corte Suprema.
LAS PROPUESTAS APRAJUD SON:
1.- ASIGNACION DE NIVELACION ESTAMENTO PROFESIONALES
OBJETIVOS:
Corregir distorsiones en la Escala de Sueldo de Jefes de Unidad y Administradores de Comuna, Provincia y Capital de provincia.
Excesiva diferencia entre Jefes de Unidad de asiento de Corte y Capital de Provincia.
Los Administradores de Tribunales de Comuna tienen asignadas las mismas rentas que los Jefes de Unidad de Asiento de Corte , lo que no se condice con las responsabilidades que deben llevar
PROPUESTAS:
Asignación de Nivelación Escalonada según Grados VIII, IX, X y XI considerando los que más diferencia tienen X y XI, estableciendo una diferencia porcentual equitativa y consecuente a las diferencias entre otros grados de la escala de sueldos
Bajo el actual régimen normativo, las remuneraciones de los funcionarios correspondientes a la Escala de Sueldos del Personal Superior, Escalafón Secundario Grados VIII, IX, X y XI de los Tribunales de Capital de Provincia y Comuna o Agrupación de Comunas, presentan significativas y perturbadoras diferencias con respecto a los cargos de grado inmediatamente superior en el Escalafón Secundario podemos encontrar diferencias de hasta un 48%
En otra línea presupuestaria se hace crítico la necesidad de aprobar Fondos Suplencias de Administrador como cargo crítico, en especial en tribunales de asiento de comuna que no cuentan con el cargo de Jefe de Unidad y tampoco administrativo contable ni informático.
2.- . REMUNERACIONES (AJUSTE BONOS METAS DE GESTIÓN)
Desde el año 2007 que no se ha ajustado las remuneraciones en el Poder Judicial, es decir 17 años.
Desde el 2018 se ha venido planteando por la Excelentísima Corte Suprema la necesidad de avanzar en dar respuesta a las demandas de los gremios de Poder Judicial, donde se han efectuaron diversas reuniones y gestiones para la materialización de una respuesta por parte del Poder Ejecutivo, frente a los ajustes a la asignación de modernización y ajustes por distorsiones en Escala Superior (PJ y CAPJ).
Los gremios hemos seguido de forma respetuosa el camino institucional, pero existe nula respuesta por el Gobierno de turno.
La petición de las y los funcionarios del Poder Judicial es:
Igualar guarismo a los vigentes en la administración pública, Ley N° 19.553 / Base de cálculo total Haberes
Componente base: actual en 10%, aumentarlo al 15%
Incremento Institucional: actual en 7%, aumentarlo al 7,6%
Incremento colectivo: actual 6%, aumentarlo al 8%
Base de cálculo, total haberes, y
Un aumento de los porcentajes del componente base, colectivo e institucional, elevando dichos porcentajes a un valor total del 35,
Solicitamos al Pleno que arbitre todas las medidas necesarias y solicitar cuenta al ministerio de Hacienda sobre las temáticas expuestas en la mesa de remuneraciones, de preferencia en la próxima tramitación de la Ley de Reajuste del Sector Publico.
3. GOBIERNO JUDICIAL: DERECHO A VOZ Y VOTO EN DISTINTOS COMITÉS EXCMA CORTE SUPREMA
Nuestro gremio incidió significativamente en el debate del Proyecto de Ley Boletin Nro 17193-07 en la Cámara de Diputados, respecto del Proyecto de Ley sobre Reformas Constitucionales al Gobierno Judicial, en materia de nombramientos, sistema disciplinario (comité conducta) y de la gobernanza administrativa del Poder Judicial. Sostuvimos reuniones con Ministerio de Justicia, parlamentarios y asesores y logramos influir para que se mantenga la CAPJ en caso de aprobarse estas reformas constitucionales, hasta dictar la Ley Orgánica que regulará el nuevo Consejo Superior de Administración, donde buscaremos asegurar que el gremio de las y los Profesionales obtengan derecho a voz y voto en cada uno de estas orgánicas propuestas por el Ejecutivo y el Legislativo
Desafíos y necesidades:
Garantizar que la futura Ley Orgánica Constitucional incluya la participación formal de los gremios en los Comités que se formen y reemplacen las funciones administrativas separadas de las jurisdiccionales de la Excma Corte Suprema.
Mantener los empleos y atribuciones actuales de CAPJ mientras se implementa el nuevo modelo.
Solicitudes a la Excelentísima Corte Suprema:
Respaldar la actual presencia gremial con voz y voto en los actuales comités de gobierno judicial de la Excelentísima Corte Suprema, vale decir permitir un representante de las y los profesionales en el Consejo Superior de CAPJ y permitir en los demás Comités de la Excelentísima Corte Suprema; Comité de Personas; de Modernización y Comunicaciones un representante de las y los Profesionales con derecho a voz y voto.
4. AA 104 2021, AA 105-2021 y AA 188-2025
Del Acta N.° 104-2021, modificada y reemplazada por AA 188-2025 APRAJUD solicita:
Que se deje sin efecto el Acta N° 188-2025. En subsidio, se adopten los siguientes ajustes:
A. Irretroactividad
Aclarar expresamente que el Acta N° 188-2025 no se aplica retroactivamente, salvo para efectos favorables sin perjuicio de terceros.
B. Respeto al artículo 5 de la Ley de Presupuestos 2025
Reconocer que la suspensión de compatibilidad no afecta a quienes ya ejercían esa excepción al 13.12.2024, sin exigencia de “opción” durante 2025 ni en años posteriores salvo ley que lo habilite.
C. Ajuste del régimen transitorio
Precisar que la “opción” del artículo primero transitorio no rige para las personas protegidas por el artículo 5 LP 2025.
En los demás casos, que su aplicación sea desde el 01.01.2026, con notificación previa, razonada y debido proceso.
D. Prórroga automática (Art. 3)
Impedir que la “disponibilidad presupuestaria” se use como denegación genérica.
Ordenar a la CAPJ asegurar el financiamiento cuando se cumplan los requisitos legales.
E. Protección de la cadena de suplencias
Instruir una moratoria respecto a decisiones que afecten unidades estratégicas sin evaluación previa ni plan de reemplazo con profesionales especializados y calificados.
F. Definiciones institucionales
Ordenar a la CAPJ que dicte, en 30 días, un instructivo que defina los conceptos de “proyecto transitorio” y “permanente”, con catastro público y mecanismos de carrera.
G. Mesa técnica permanente
Constituir una mesa técnica con participación de las asociaciones gremiales del Poder Judicial para:
1. Monitorear la implementación del Acta.
2. Mitigar impactos laborales y pérdida de profesionales de gestión con alta especialización.
3. Proponer ajustes normativos.
H. Procedimiento reforzado
Disponer que toda no renovación o término anticipado de contrata cumpla con:
1. Motivación reforzada.
2. Plazos.
3. Recursos administrativos.
4. Publicación periódica de estadísticas.
5. Control de legalidad.
Del ACTA 105-2021 que Modifica Acta N° 184-2014, establece Sistema de Nombramientos en el Poder Judicial, APRAJUD solicita:
1. Garantías de estabilidad y transparencia
Suspender la aplicación del nuevo texto mientras se revisa su impacto real en la carrera funcionaria.
Instruir a la CAPJ a asegurar la continuidad de las funciones críticas en las Administraciones de Corte y a transparentar criterios de renovación y reasignación de contratas.
2. Modificaciones de fondo para una verdadera carrera funcionaria
Eliminar las pruebas habilitantes y de habilidades para funcionarios y funcionarias con más de cinco años de servicio.
Incorporar una bonificación por antigüedad y trayectoria, que reconozca la experiencia y permanencia en el Poder Judicial.
Eliminar los puntajes de corte que hoy limitan la postulación de personal con amplia trayectoria.
Mantener la vigencia del mejor puntaje por dos años, de modo que el esfuerzo acreditado no se pierda en concursos posteriores.
Priorizar concursos internos como primera instancia antes de abrir procesos externos, fortaleciendo así la carrera funcionaria
3. Establecer un proceso de diálogo permanente con todas las asociaciones de funcionarios, de modo que cualquier reforma normativa considere su opinión antes de ser aprobada.
5. MEDICIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO POR EL DDI NO AJUSTADO A LA REALIDAD DE LOS TRIBUNALES.
El agotamiento del RRHH por falta de personal y déficit estructural en Tribunales y aumentos de dotación en la CAPJ (departamentos)
Al respecto, vemos con extrema preocupación la conclusión del estudio, que señala que más de un tercio de los jueces de garantía de la dotación legal de los tribunales de la ICA Santiago del Centro de Justicia no serían necesarios dada la escasa carga de trabajo. En otras palabras, 33 de los 97 jueces de la dotación definida por los legisladores sobrarían por no haber suficientes tareas que cumplir.
Resulta extraordinariamente delicado que la entidad encargada de administrar y gestionar nuestros recursos –la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ)– señale públicamente que se tendría una holgura mayor al 30% de jueces en sede de garantía penal, en circunstancias que dicha instancia ni siquiera cuenta actualmente con los recursos humanos requeridos para cumplir con todas las funciones que la ley le asigna de oficio, existiendo un déficit notorio y público en el control de medidas cautelares personales, salidas alternativas y ejecución de penas. Lo mismo sucede en las demás materias ya que no logra una verdadera aproximación de jueces y funcionarios necesarios en Familia, Laboral, y Cobranzas
Nuestra percepción es que el Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) no comprende las funciones cautelares, de adjudicación y control de ejecución de resoluciones y sentencias de los juzgados de garantía, ni sus procedimientos de adopción de decisiones, por lo que no se encuentra en condiciones de evaluar las cargas de trabajo reales, al punto que no distingue los criterios y factores de cálculo entre jurisdicciones de diversa naturaleza.
Más aún, el cálculo de carga de trabajo de la DDI carece de la rigurosidad mínima que permita arribar a las conclusiones expresadas, pues la evidencia empírica señala todo lo contrario. No se considera que a lo largo de estos 20 años de vigencia del sistema procesal penal acusatorio adversarial en la Región Metropolitana –en que impera el método de la oralidad en audiencias– las complejidades de las materias han ido en aumento, sin que se hayan destinado los recursos necesarios para enfrentarlas.
Numerosas modificaciones legales han incrementado el volumen de causas en tramitación en todas las materias
FORTALECIMIENTO DE TRIBUNALES PARA AFRONTAR LA CARGA LABORAL EN AUMENTO.
Impulsar y colaborar con iniciativa que permita fortalecer los distintos tribunales del país, tanto en temas implementación y equipamiento, pero principalmente en cuanto al personal necesario, para poder brindar un servicio adecuado y oportuno a nuestros usuario, esto en relación a la recarga laboral generada por la implementación de nuevas leyes, que no son acompañadas de los recursos necesarios, en especial en materias de Familia, Garantía, Laboral, Tribunales y Cortes de apelaciones.
Petición concreta a la Excma Corte Suprema, que se forme una mesa de trabajo para acelerar la implementación del Proyecto 2030 atendido que en dicho estudio establece la realidad de las necesidades de jueves y funcionarios en el país.
Estudio de Justicia 2030, desarrollado por la CAPJ con datos DDI, establece un plan de fortalecimiento del Poder Judicial, donde se requeriría una inversión aproximada de $103.420 millones de pesos para –entre otras cosas- aumentar las dotaciones. En las Cortes de Apelaciones se estima que se requieren 33 nuevos Ministros, 22 Relatores y 22 Funcionarios. Asimismo, para los Tribunales de Primera Instancia se indica la necesidad de incorporar 377 Jueces, 30 Consejeros Técnicos y más de 2.000 funcionarios (les adjunto el proyecto 2030).
Es decir, si partimos de la base que este mismo Informe Oficial que fue conocido por el Pleno de la Excma. Corte Suprema y remitido también al Ministerio de Justicia y DDHH, es que efectivamente tenemos problemas reconocidos de déficit o falta de Dotación en tribunales, mientras en los últimos 10 años la Corporación a incrementado a mas del doble su dotación pasando de 600 a más de 1200 funcionarios.
Una especial situación tienen los tribunales de capital de Provincia y de asiento de comuna que no cuentan con el cargo de Jefe de Unidad y tampoco administrativo contable ni informático, de modo que el fortalecimiento debería partir urgente por ellos.
6.- POSICION SOBRE EL TELETRABAJO
Desde 2023, en nuestro consultivo de dirigentes de APRAJUD hemos venido solicitando estudiar una fórmula de poder aumentar los actuales porcentajes de teletrabajo.
Estimamos necesario y conveniente, mantener la autonomía de cada unidad judicial, representado por su administración profesional, es decir que cada unidad dentro de los parámetros determine su porcentaje de Teletrabajo y que se incluya a Administradores y Jefes de Unidad.
Esta forma de trabajo definida se sugiere sea híbrida, es decir; una parte importante de las y los funcionarios se desempeñarán de forma presencial y otra parte podrá desempeñarse de forma telemática, definir aquellas funciones que se estimen como “críticas” dentro de cada unidad judicial.
Es oportuno señalar que la forma telemática de trabajo entrega beneficios tanto para comunidad, y para los funcionarios judiciales que no se obtienen con el trabajo presencial, tales como, mayor productividad, disminución de costos en la unidad judicial, evita el estrés laboral de tener que desplazarse.
Es necesario dejar establecido que la forma de trabajo telemática debe ser una forma ordinaria de trabajo en el Poder Judicial.
Declaramos que la Corporación Administrativa del Poder Judicial CAPJ también debe formar para integral de estas definiciones.
7. OTORGAR MAYOR FLEXIBILIDAD EN EL USO DE LOS FERIADOS.
Otros servicios públicos pueden pedir hasta 1 día de vacaciones lo que generaría mayor bienestar a todos nosotros.
8. FLEXIBILIDAD HORARIA REAL
Diagnóstico y trabajos realizados (Qué hemos hecho):
Hemos recogido inquietudes de socios y dirigentes respecto a la rigidez horaria en tribunales.
Existen comparaciones con otros servicios públicos que aplican flexibilidad real (ej. tolerancia de una hora, inicio de jornada desde la hora de llegada).
Se han levantado propuestas en reuniones internas y consultivos, sin que aún se concrete una política formal.
Desafíos y necesidades (Qué necesitamos):
Asegurar condiciones laborales que concilien vida personal y profesional.
Establecer un sistema homologable al de otros servicios públicos, que no genere sanciones arbitrarias.
Transparencia y criterios uniformes en la aplicación de controles de asistencia.
Solicitudes a la Corte Suprema (Qué pedimos):
Formar una mesa de trabajo para revisar la normativa interna sobre horarios.
Emitir un instructivo nacional que permita flexibilidad real, considerando una hora de tolerancia.
Alinear criterios de control de asistencia entre tribunales y CAPJ para garantizar igualdad de trato en todo el país.
9.- INCENTIVO AL RETIRO.
Actualmente estamos negociando el nuevo incentivo al retiro, pero DIPRES no ofrece lo mismo que logró el Ejecutivo. Nuestra preocupación radica en los fondos para los funcionarios rezagados que no fueron considerados o no alcanzaron en el actual plan de retiro, ya que este plan fue propuesto hasta el de 2024, prorrogado hasta el 2025
En concreto se debe negociar un Aumento Significativo de Cupos y Adecuación Demográfica
Creemos necesario que el Ministerio de Hacienda efectúe una propuesta que considere un aumento significativo y progresivo del número de plazas y cupos para el año 2026. Se hace necesario e imprescindible el aumento significativo del número de plazas y cupos para el año 2026 y 2027, que sean suficientes para quienes deseen y reúnan los requisitos establecidos, es decir solicitamos dos cosas, a) que se pueda aumentar y diferenciar cupos para rezagados (141 personas que son sin tope de edad 75 y 70 personas con tope de edad 75 años) que tiene un costo asociado según cálculos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en: 14.200MM para el primer personal sin tope de edad y 5005,8 MM para el personal con tope de edad; Que se aumente el número de cupos para personal no rezagado para el año 2026 y 2027, para postulantes regulares, es decir que no se encuentren la condición de “rezagados”, en 131 cupos para el año 2026 y 161 para el año 2027.
Es decir que no se encuentren la condición de “rezagados”, en 131 cupos para el año 2026 y 161 para el año 2027, que tiene un costo según cálculos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de 6.597 MM para el 2026 y 8.271 MM para el año 2027.
Por otra parte, que se aumente de forma progresiva año a año, lo anterior considerando la realidad del sistema judicial. Además la nueva negociación debería, tener mayores cupos al inicio para considerar a los rezagados, esto evitaría tener que postergar el retiro a la espera de cupos.
Insuficiencia de Cupos: Los cupos propuestos, incluso para el año 2026, serían menores al número de posibles postulantes, lo que constituye una afectación grave al derecho que se trata de resolver
Cese de Funciones a los 75 Años y Bono Excepcional
Se debe mantener lo solicitado en la iniciativa inicial respecto del cese de funciones por el solo Ministerio de la Ley, a los 75 años, a partir de 2027. El funcionario que cumpla aquella edad debe recibir un bono de excepción del retiro.
Aumento Urgente de la Cuantía de la Bonificación
Consideramos que los montos actuales del bono incentivo al retiro deben ser revisados y aumentados. El actual bono que se entrega al Poder Judicial es menor al que se les entrega a otros funcionarios públicos.
10. UNIJUD Y RESERVA DE INFORMACIÓN
La actual migración del sistema UNIJUD debe contemplar un real plan de capacitación, ideal in situ a los tribunales o bien capacitaciones con comisión de servicios, ya que la capacitación on line no ofrece el aprendizaje “aprendiendo haciendo” necesario para la nivelar la competencia de los funcionarios y jueces
Otro tema relevante que este nuevo sistema debe hacerse cargo de la reserva y confidencialidad de las causas reservadas y de la seguridad de la información
11.- PARTICIPACION EN MESAS DE TRABAJO DEL PODER JUDICIAL:
Mantenemos nuestro compromiso y disposición para participar en todas aquellas mesas de trabajo y comités, donde se requiera nuestra presencia, para aportar con una mirada distinta de acuerdo a nuestro ámbito de acción y responsabilidad, con la finalidad de mejorar condiciones y hacernos cargo de las demandas de nuestros socios y todos los estamentos del poder judicial.
Hemos tratado de copar y participar en todos los espacios que se nos permita colaborar y hemos sido invitados.
12.- REDES DE APOYO GREMIAL:
En este punto hemos participado con todas asociaciones del Poder Judicial en la búsqueda de los objetivos colectivos que nos unen para mejorar las condiciones y obtener lo que demandan nuestros asociados. (Interna )
Federación de Profesionales del Estado (Externa), ya que APRAJUD fue creada y formada con fecha 3 de octubre de 2003 del año 2003. Pronta a cumplir 22 años, donde las socias y los socios actuales vigentes son 1.200. Nuestra asociación está compuesta por Profesionales del escalafón secundario y en gran número por profesionales del escalafón de empleados a lo largo del país formando parte de los tribunales y unidades judiciales, en las 17 JURISDICCIONES del país, desde ARICA a PUNTA ARENAS.-
DIRECTORIO NACIONAL APRAJUD
